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Publicada en el BOE la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan las tasas judiciales en el Ámbito de la Administración de Justicia

El 21 de noviembre de 2012 entran en vigor las tasas judiciales, las cuales tendrán que satisfacer aquellas personas o entidades que acudan a la administración de justicia, con el objeto de intentar hacer valer sus derechos.  
La cuota a pagar por las tasas judiciales está compuesta por una parte fija, dependiendo del tipo de procedimiento a interponer, y de una parte variable, que va en función de la cuantía económica del procedimiento.
Las cuantías fijas a abonar en el orden jurisdiccional civil van, desde los 150 euros, por un procedimiento verbal o cambiario, hasta los 1.200 euros, por un recurso de casación o extraordinario por infracción procesal.
En la jurisdicción contencioso-administrativa, oscilan desde los 200 euros por un procedimiento abreviado, hasta los 1.200 euros por un recurso de casación.
Las tasas judiciales en la jurisdicción laboral (social) únicamente se establecen para el recurso de suplicación, 500 euros, y para el recurso de casación, 750 euros.
Por lo que respecta a la cuota variable, que habrá de sumarse a la cuota fija, se establecen dos tramos, los procedimientos de cuantía económica hasta el 1.000.000 euros, el tipo aplicable será del 0.5%, y para cantidades superiores del 0.25%. Se establece un límite máximo, en lo que respecta a la cuantía variable de 10.000 euros.
Se establecen unas exenciones objetivas y otras subjetivas a la tasa.
Entre las más destacadas de las exenciones objetivas, están los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los matrimoniales que versen exclusivamente sobre la guardia y custodia de hijos menores o sobre alimentos.
Estarán exentos del pago de tasas los reconocidos como beneficiarios de la Justicia Jurídica Gratuita, Ministerio Fiscal, Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de aquellas; Cortes Generales y Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. Por lo que dichos organismos y personas afectadas por la exención, no estarán obligadas a satisfacer las tasas judiciales.
El pago de la tasa correspondiente, habrá que liquidarla en el modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, siendo este mismo organismo, el competente para su gestión.
Se prevé en la Ley, que se procederá a una devolución del 60% de la cuota de la tasa, cuando se alcance una solución extrajudicial del litigio.
La presente Ley está siendo objeto de numerosas críticas por gran parte de los profesionales dedicados a la administración de justicia, entre los que destacan abogados, procuradores y jueces, entre otros, así como de ciudadanos, los cuales entienden que esta ley supone una merma de sus derechos a la hora de poder acceder a los Tribunales.

 

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